Ambiente laboral amigable para las mujeres

Una sociedad que no practica la equidad de género, además de marginar a la mitad de su población, está condenada al atraso por no poder disponer de sus recursos de forma eficiente. Igualmente, las empresas, al persistir en prácticas históricas que retrasan el crecimiento de las mujeres pierden productividad y capacidades. Los efectos son continuos, acumulativos y persistentes.

Generalmente el problema de inequidad se considera resuelto con una igualdad formal de oportunidades. Esto asume una equivalencia en las condiciones culturales, los espacios informales y exposición a riesgos e incomodidades que no existe en la realidad. Para enfrentar este problema hay que atacar las fuentes de los mismos, pero además hay que tomar acciones compensatorias.

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La seguridad ocupacional

Según la Organización Internacional del Trabajo, las muertes por accidentes u otras causas laborales suman casi dos millones anuales en todo el mundo. Hay muchas actividades laborales que por su naturaleza implican riesgos elevados. La costumbre y la experiencia los enmascaran, y la cultura de trabajo tanto de los empleadores como de los trabajadores tiende a no enfatizar conciencia de los mismos. Por tanto, se requiere un esfuerzo deliberado y sostenido para atacar las deficiencias tanto en lo evidente como en lo que difícilmente se puede ver.

El esfuerzo primario le toca al empleador, ya que es quien puede desplegar recursos (intelectuales, de personal, o monetarios) para mitigar los problemas. La vigilancia permanente y el aprendizaje continuo de mejores prácticas es necesario, ya que cada vez hay (y es correcto) una menor tolerancia de prácticas peligrosas o inseguras. La inseguridad se manifiesta además en la salud, por lo que es necesario participar activamente en revisiones médicas. Además de mejorar las condiciones de salud, las enfermedades ocupacionales se pueden atender preventivamente. Como parte de esta prevención, es necesario garantizar condiciones de higiene, iluminación, ventilación y otras requeridas para el mantenimiento del vigor y salud humana.

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Seguridad estructural en nuestras edificaciones

Cuando pensamos en edificios peligrosos en casos de sismos u otros desastres naturales, lo que viene a la mente es la posibilidad de un problema con construcciones nuevas, emblemáticas o grandes. Aunque estas requieren todo el cuidado y la seriedad del caso, la experiencia indica que estas son precisamente las que tienen menos potencial de problemas por el grado de ingeniería y control de calidad aplicado a la construcción de las mismas.

La experiencia de eventos sísmicos en la región centroamericana (Guatemala 1976, Nicaragua 1972, El Salvador 1986) nos indican que el mayor riesgo lo presentan construcciones irregulares o que han sido modificadas de su construcción inicial. Esta experiencia se ha repetido en diferentes partes del mundo, donde las sociedades o comunidades que tienen construcción de mejor calidad sufren menos pérdidas humanas. Los desafíos se manifiestan de forma espectacular con los sismos, pero también los fenómenos ocasionados por las lluvias o problemas del suelo pueden afectar las construcciones. La mayoría de las veces los problemas son de menor escala, no implicando riesgo para las personas, pero sí una pérdida económica o funcional debida a una estructura deficiente (rajaduras, hundimiento, filtraciones de agua, etc.).

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Servicio civil: hacia una carrera unificada

Para poder afianzar un sistema de servicio civil que funcione, es necesario trabajar en varios frentes que se refuerzan mutuamente. Se puede aspirar a que las contrataciones de personal del estado y el manejo de personal se unifiquen y manejen de una manera estandarizada y transparente, dando un mejor retorno y beneficio a la ciudadanía. La tecnología y la experiencia de otros estados que con mayor tamaño tienen estas prácticas operando desde hace mucho tiempo, nos permiten tener la confianza de que se puede implementar aquí.

El sistema debe homologar y unificar la mayor proporción de los procesos de contratación y manejo de personal de las instituciones públicas. Esto incluye tanto el gobierno central como las descentralizadas y desconcentradas, ya que el mayor volumen de instituciones justifica de mejor manera la inversión requerida. Excluir instituciones implica degradar el prestigio del sistema, creando clases o sectores privilegiados. Igualmente, se debe extender dentro de las instituciones a todas las posiciones que sean explícitamente políticas o tengan otra excepción especial, haciendo públicas las misma y prohibiendo la creación de nuevas.

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