Valor nacional agregado en adquisiciones e inversiones publicas

Una de las formas más efectivas de fortalecer las capacidades nacionales de producción, administración y gestión en los países es a través de los procesos de adquisiciones públicas o de inversiones significativas en infraestructura. Estos procesos, cuando son diseñados de manera estratégica, no se limitan únicamente a resolver una necesidad inmediata del Estado, sino que se convierten en verdaderos motores del desarrollo nacional. La clave está en que las adquisiciones incluyan la obligatoriedad de integrar componentes de transformación local en los productos entregados o actividades de valor agregado realizadas dentro del territorio nacional. Este tipo de disposiciones no solo garantizan la participación de empresas locales, sino que generan aprendizaje, innovación y nuevas cadenas de suministro. Si bien en algunos casos estas medidas pueden involucrar a empresas del sector público, la práctica más común y efectiva es que se establezca la obligación de trabajar con contratistas o capacidades productivas basadas en Honduras, permitiendo que el beneficio económico y técnico permanezca dentro del país. 

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Uso eficiente de las fuerzas policiales

La evolución de la seguridad pública en las últimas décadas ha tenido patrones que se pueden analizar para tomar mejores decisiones a futuro y ser más eficientes en el uso de nuestros recursos. Al aumentar la oleada de violencia entre los años 2006 y 2012, los recursos del Estado destinados a seguridad pública fueron abrumados por el crecimiento en la violencia y la criminalidad. A partir de esa fecha se empezó a invertir más en el sector y a integrar de forma más coordinada a las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo. Desde entonces se ha visto un progreso gradual, más marcado en los últimos años, hasta alcanzar en 2025 una tasa de homicidios que ronda ligeramente por encima de los 20 por cada 100,000 habitantes. 

Este recorrido histórico nos enseña que el uso de la fuerza pública no puede medirse únicamente por el número de efectivos desplegados o por la magnitud del presupuesto asignado, sino por la forma en que estos recursos se emplean. El concepto de “uso inteligente” implica planificar con base en evidencia, priorizar la prevención por encima de la reacción y asignar a los cuerpos policiales en los lugares y momentos donde tienen mayor impacto. Un enfoque de inteligencia y análisis de datos permite anticipar patrones de violencia, actuar de manera focalizada y optimizar la presencia policial para disuadir al crimen. 

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El microcrédito y las penalidades de la pobreza

La pobreza tiene una fuerza gravitacional importante. Podemos observar en muchos casos de la vida real cómo la falta de acceso a la información financiera, prejuicios de parte de los operadores, desafíos producto de las capacidades o conocimientos educativos de las personas, y otros conspiran para evitarle a las personas el acceso a los medios formales, tanto para obtener financiamiento como para el ahorro. 

Los efectos de estas dificultades son doblemente perniciosos. Una persona con menor nivel educativo y menos conocimiento y contacto de cómo operan las cosas tendrá que pagar mucho más por su financiamiento, siendo obligado a recurrir a mecanismos informales que alguien que sí cumpla con estas condiciones. Es decir, la desventaja inicial de tener menos recursos es magnificada por una severa desigualdad de acceso a las oportunidades. Esto hace difícil la movilidad y el crecimiento, perpetuando las penalidades sociales y económicas asociadas con la precariedad. 

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Los Fideicomisos Públicos Abiertos

En Honduras, han existido bastantes desafíos para poder crear fondos específicos destinados a la realización de actividades de inversión u otras que, por su naturaleza, requieren mayor agilidad que la que permite la caja única estatal. Las malas experiencias acumuladas, cuyas secuelas aún persisten —como en los fideicomisos de vivienda, la tasa de seguridad y otros—, han provocado que tanto la población como el propio gobierno se muestren renuentes a emprender nuevas iniciativas fuera de la caja única central. 

Sin embargo, será necesario retomar la agilidad en áreas específicas como los proyectos de infraestructura, las compras estatales de medicamentos y otras actividades clave. Para ello, se deben construir mecanismos transparentes, eficientes y bajo control público que permitan ejecutar estas funciones con mayor efectividad. A esta propuesta la denominamos fideicomisos públicos abiertos. Este modelo reúne dos condiciones fundamentales: en primer lugar, debe estar ubicado dentro del marco de la banca estatal, y no de la banca privada. Si bien no todas las experiencias con fideicomisos privados se tradujeron en corrupción o ineficiencia, lo cierto es que existieron suficientes casos negativos como para que la opinión pública los perciba con desconfianza y los riesgos de repetir esos errores resulten inaceptables, al menos en el corto plazo. 

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