Compstat y otras formas inteligentes de seguridad ciudadana
Jose S. Azcona Bocock
Una de las limitantes más grandes que se tiene para brindar seguridad pública de forma eficiente es la escasa aplicación del análisis de datos, la estadística y la geografía en la definición de las formas operativas. La seguridad no puede seguir siendo administrada únicamente por intuición, tradición o reacción política inmediata; debe ser conducida por evidencia.
Es evidente, al observar los despliegues de operativos en calles públicas, postas estacionarias y retenes improvisados, que con frecuencia la fuerza policial no se está ubicando en los lugares donde efectivamente se cometen los delitos, sino en aquellos donde resulta más conveniente, más visible o donde históricamente han estado posicionadas las unidades. Se patrulla donde siempre se ha patrullado, no donde el mapa del delito indica que debería patrullarse.
En distintas ciudades del mundo ya se utilizan mapas de calor del delito que permiten identificar con precisión microzonas de alta incidencia, patrones por franja horaria y recurrencia por tipo de crimen. Ciudades como Nueva York, mediante sistemas como CompStat, o Londres, a través de plataformas públicas de mapeo del crimen, han incorporado análisis georreferenciado y evaluación constante de datos para orientar el despliegue policial y medir resultados. Estas herramientas no eliminan el delito por sí solas, pero sí permiten que la capacidad coercitiva del Estado se utilice con mayor racionalidad y enfoque estratégico.
Además de la simple visualización geográfica del delito, sistemas como CompStat funcionan como un mecanismo integral de gestión institucional. Implementado inicialmente en Nueva York en la década de 1990, CompStat combina recolección sistemática y frecuente de datos criminales, georreferenciación precisa, reuniones periódicas de evaluación y rendición de cuentas directa de los mandos territoriales. Los datos se actualizan de manera constante, se analizan por tipo de delito, ubicación y franja horaria, y luego son discutidos en sesiones donde los responsables operativos deben explicar resultados, justificar estrategias y proponer ajustes. Este modelo introduce un elemento crucial: no solo se mide el crimen, sino también el desempeño de la estructura policial. De esta forma, la información deja de ser un archivo estadístico y se convierte en un instrumento de dirección estratégica y de responsabilidad institucional.
Ahora bien, es importante hacer una diferenciación fundamental: el mapa de calor del delito debe servir tanto a la ciudadanía como al Estado, aunque con niveles distintos de detalle. Para la ciudadanía, la utilidad principal radica en la prevención. Conocer cuáles son los puntos más peligrosos y en qué horarios se concentra la incidencia —porque el delito tiende a seguir patrones temporales claros— permite tomar precauciones razonables, ajustar rutas y fortalecer la autoprotección. Esta información, presentada de manera agregada, debe proteger estrictamente la privacidad de quienes realizan los reportes, utilizando sistemas anónimos pero verificables, con mecanismos de validación que eviten abusos o intentos de colapsar la plataforma por parte de actores inescrupulosos.
Para el Estado, en cambio, el acceso debe ser más completo en términos analíticos, aunque siempre resguardando los datos personales de los ciudadanos. Una aplicación de reporte completamente anónima, pero técnicamente verificable, permitiría consolidar información confiable sin poner en riesgo a quien denuncia. De esta manera, el mapa se convierte en un instrumento de doble vía: fortalece la prevención individual y comunitaria, y al mismo tiempo dota al Estado de una herramienta objetiva para diseñar políticas operativas más eficientes en el despliegue de los recursos policiales.
La criminalidad no es homogénea ni aleatoria; se concentra en espacios y momentos específicos. Un Estado que no integra esta realidad en su estrategia de seguridad actúa a ciegas. Uno que sí lo hace, comienza a transformar la seguridad pública de una reacción dispersa en una política basada en evidencia.
Fuente:
Weisburd, D., Mastrofski, S., McNally, A., Greenspan, R., & Willis, J. (2003). Reforming to Preserve: Compstat and Strategic Problem Solving in American Policing. Criminology & Public Policy, 2(3).