Las penalidades de la geografía y la digitalización
Jose S. Azcona Bocock
Honduras ha arrastrado históricamente un rasgo estructural que condiciona profundamente su desarrollo: la centralización de su aparato estatal. Una proporción significativa de los trámites, servicios y gestiones públicas solo puede realizarse en la capital —o, en el mejor de los casos, en unos pocos centros urbanos principales—. Esta realidad, combinada con una geografía compleja y una infraestructura vial deficiente, convierte el acceso al Estado en un proceso costoso, lento y, para muchos ciudadanos, desproporcionadamente difícil.
No se trata únicamente de incomodidad. Para miles de personas y empresas fuera de los principales núcleos urbanos, cumplir con obligaciones o acceder a servicios públicos implica invertir horas —a veces días— en traslados, asumir costos de transporte, alojamiento y alimentación, y sacrificar tiempo productivo. En otras palabras, el simple acto de interactuar con el Estado se convierte en una carga adicional que penaliza, de forma sistemática, a quienes están fuera del centro.
Este problema trasciende lo administrativo. También se manifiesta en la provisión de servicios públicos esenciales, muchos de los cuales siguen estando concentrados en puntos geográficos específicos. Así, la distancia no solo limita la eficiencia, sino que introduce una dimensión más profunda: la desigualdad.
La concentración del poder político, económico y administrativo en la capital genera, por sí sola, una ventaja relativa para quienes operan desde ella. Allí se concentran mayores inversiones, mejores oportunidades laborales —especialmente en el sector público— y una infraestructura más desarrollada. Sin embargo, cuando a esta ventaja se le suma una serie de penalidades adicionales para quienes se encuentran en la periferia —especialmente en zonas rurales—, el resultado es una amplificación de la desigualdad.
Este fenómeno tiene, además, una característica particularmente preocupante: su invisibilidad. Los sectores con mayor capacidad de movilización, influencia política y acceso a la opinión pública suelen estar ubicados precisamente en esos centros privilegiados. Como consecuencia, las dificultades que enfrentan los ciudadanos en otras regiones tienden a quedar fuera del debate público o, en el mejor de los casos, subestimadas.
Frente a este desafío, han surgido históricamente tres grandes líneas de solución. La primera consiste en reducir la necesidad misma de interacción entre el ciudadano y el aparato estatal. Esto implica eliminar trámites innecesarios, simplificar procesos, ampliar la vigencia de licencias y permisos, y avanzar hacia esquemas más universales de derechos. Cada gestión que se elimina es, en sí misma, una reducción directa de las barreras geográficas.
La segunda solución es la descentralización funcional. Sin embargo, es importante distinguir entre una descentralización efectiva y una meramente simbólica. Trasladar físicamente un ministerio o institución de la capital a otra ciudad no resuelve el problema; por el contrario, puede generar nuevas ineficiencias. Lo que se requiere es una red de centros regionales de atención, donde múltiples instituciones operen de manera integrada en una misma sede.
Este modelo, ampliamente utilizado en otros países, permite optimizar recursos, acercar servicios a la población y reducir la fragmentación institucional. En lugar de múltiples oficinas dispersas, cada una con sus propios costos y limitaciones, se consolidan espacios donde el ciudadano puede resolver diversas gestiones en un solo lugar. Además, estos centros pueden incorporar esquemas híbridos, donde la recepción y validación de documentos se realice de forma presencial, mientras que la atención especializada se brinde de manera remota.
Sin embargo, es la tercera vía —la digitalización— la que ofrece el mayor potencial transformador. A diferencia de las otras soluciones, la digitalización no reduce la distancia: la elimina. Permite que la ubicación geográfica deje de ser un factor determinante en el acceso a servicios y oportunidades.
La evidencia de este potencial no es teórica. En el ámbito privado, ya es una realidad consolidada. Hoy es posible iniciar, negociar y cerrar operaciones complejas —como la compra y venta de bienes inmuebles— sin necesidad de presencia física. Desde el primer contacto hasta la formalización de acuerdos, pasando por consultas, contraofertas, documentación y pagos, todo puede realizarse de manera virtual. Incluso transacciones que involucran distintas ciudades o regiones pueden gestionarse sin que las partes se desplacen.
Este ejemplo ilustra un punto clave: la tecnología ya ha resuelto, en gran medida, los desafíos que el Estado aún enfrenta. Si el sector privado ha logrado operar eficientemente en entornos digitales, no existe una razón estructural que impida al sector público avanzar en la misma dirección.
Por supuesto, existen excepciones. Algunos actos —como la firma de escrituras— aún requieren componentes presenciales, aunque incluso estos pueden resolverse mediante esquemas móviles o descentralizados. Pero estos casos son la minoría, no la regla. La gran mayoría de los trámites y servicios públicos podrían ser digitalizados total o parcialmente.
La pregunta, entonces, no es si la digitalización es posible, sino por qué no se ha implementado con mayor profundidad. Parte de la respuesta radica en inercias institucionales, limitaciones técnicas y, en algunos casos, resistencias al cambio. Pero también en la falta de presión desde los sectores que menos sufren estas penalidades.
Superar las barreras geográficas no es solo un objetivo de eficiencia administrativa. Es, ante todo, una cuestión de equidad. Un Estado que obliga a sus ciudadanos a recorrer largas distancias para acceder a derechos básicos está, en la práctica, distribuyendo oportunidades de manera desigual.
La digitalización ofrece una oportunidad histórica para corregir esta distorsión. No sustituye completamente la necesidad de presencia física, pero sí redefine su alcance y frecuencia. Permite construir un Estado más accesible, más ágil y, sobre todo, más justo.
En última instancia, reducir las penalidades de la geografía no es únicamente un desafío técnico o logístico. Es una decisión política. Y como toda decisión política, refleja una prioridad: si el Estado existe para servir a todos, debe hacerlo sin importar dónde se encuentren.
Para leer mas:
Conectados: Tecnologías digitales para la inclusión y el crecimiento Banco Mundial, 2023
Superar las trampas del desarrollo en la era digital: el potencial transformador de las tecnologías digitales y la IA en América Latina y el Caribe, CEPAL (Naciones Unidas, 2024