Definir una manera de remunerar las labores representativas (en nuestro caso congresistas y regidores municipales) es un tema que genera diversidad de posiciones. En este caso se encuentran en conflicto las demandas de la austeridad con las de la democracia e idoneidad. La relación entre las mismas no es lineal y depende de muchos más factores, por lo que la historia es el lugar para iniciar el análisis para desarrollar un criterio.

Al constituirse las formas de representación más elementales (en sistemas republicanos y/o democráticos), tal como ocurre con los patronatos y otros órganos comunitarios locales, no existía una remuneración para el mandatario de la comunidad. La antigüedad clásica nos da múltiples ejemplos de estados que mantuvieron ese principio y otros que fueron implementando la remuneración. En la antigua Atenas se practicaba una democracia directa donde la soberanía recaía en una asamblea general (ecclesia) sin delegación o representación. Esta asamblea, al irse expandiendo el poder ateniense, autorizó hacer pagos a todos sus miembros por asistencia. Este pago tuvo varias consecuencias: aumentó la cantidad de asistentes y le dio una participación mayor al proletariado urbano a expensas de los sectores rurales (que tenían menos espacio para participar frente a una masa urbana). Los autores antiguos definían este como un factor en el declive de esta ciudad, ya que creaba una mayoría distorsionada y sujeta a actuar de forma impulsiva (por no tener un arraigo o conocimiento suficiente).

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