Aunque se han suscrito una serie de tratados de libre comercio, el estado conserva potestades para fijar protección arancelaria (explicita u oculta). Aparte del cobro del 15% por internación, existen diferentes aranceles y salvaguardas (en la práctica funcionan similarmente). La política de fijación de aranceles cumple dos fines: lograr ingresos para el estado y promover la producción nacional.
La mayor parte de la recaudación ha pasado a ser tributaria, por lo que el arancel aduanero se ha ido volviendo gradualmente menos importante como herramienta de recaudación. Se ha vuelto aceptada a nivel general la teoría de que se debe pagar lo menos posible por las materias primas o insumos de producción, transfiriendo la carga a los artículos que no requieren transformación adicional. Esto tiene lógica, ya que el insumo generará valor agregado que se queda en el país.
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