En Honduras, han existido bastantes desafíos para poder crear fondos específicos destinados a la realización de actividades de inversión u otras que, por su naturaleza, requieren mayor agilidad que la que permite la caja única estatal. Las malas experiencias acumuladas, cuyas secuelas aún persisten —como en los fideicomisos de vivienda, la tasa de seguridad y otros—, han provocado que tanto la población como el propio gobierno se muestren renuentes a emprender nuevas iniciativas fuera de la caja única central.
Sin embargo, será necesario retomar la agilidad en áreas específicas como los proyectos de infraestructura, las compras estatales de medicamentos y otras actividades clave. Para ello, se deben construir mecanismos transparentes, eficientes y bajo control público que permitan ejecutar estas funciones con mayor efectividad. A esta propuesta la denominamos fideicomisos públicos abiertos. Este modelo reúne dos condiciones fundamentales: en primer lugar, debe estar ubicado dentro del marco de la banca estatal, y no de la banca privada. Si bien no todas las experiencias con fideicomisos privados se tradujeron en corrupción o ineficiencia, lo cierto es que existieron suficientes casos negativos como para que la opinión pública los perciba con desconfianza y los riesgos de repetir esos errores resulten inaceptables, al menos en el corto plazo.
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