La evolución de la seguridad pública en las últimas décadas ha tenido patrones que se pueden analizar para tomar mejores decisiones a futuro y ser más eficientes en el uso de nuestros recursos. Al aumentar la oleada de violencia entre los años 2006 y 2012, los recursos del Estado destinados a seguridad pública fueron abrumados por el crecimiento en la violencia y la criminalidad. A partir de esa fecha se empezó a invertir más en el sector y a integrar de forma más coordinada a las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo. Desde entonces se ha visto un progreso gradual, más marcado en los últimos años, hasta alcanzar en 2025 una tasa de homicidios que ronda ligeramente por encima de los 20 por cada 100,000 habitantes. 

Este recorrido histórico nos enseña que el uso de la fuerza pública no puede medirse únicamente por el número de efectivos desplegados o por la magnitud del presupuesto asignado, sino por la forma en que estos recursos se emplean. El concepto de “uso inteligente” implica planificar con base en evidencia, priorizar la prevención por encima de la reacción y asignar a los cuerpos policiales en los lugares y momentos donde tienen mayor impacto. Un enfoque de inteligencia y análisis de datos permite anticipar patrones de violencia, actuar de manera focalizada y optimizar la presencia policial para disuadir al crimen. 

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