Existen tres formas de participación de las empresas dentro del espacio público, definidas por su limitación y regulación. En primer lugar, está el espacio libre, donde cualquiera puede brindar el bien o servicio (comercio, servicios personales, etc.), y el que como sociedad debemos aspirar sea el más extenso. Aquí el estado debe asegurar el cumplimiento a la ley general y el pago de impuestos. Los desafíos son la equidad fiscal (no debe haber privilegios ni penalidades impuestas) y la protección de la libre competencia.
Existe también el espacio de los sectores regulados. En estos, no cualquiera puede ser prestador de servicio. La limitación puede ser por motivos de acreditación profesional (medicina, derecho, etc.), confianza y riesgo (seguros, servicios financieros), u otros. La mayor función del estado en estos casos es mantener las barreras de entrada en un equilibrio entre la liberalidad (que puede poner en peligro al público) y la restricción (que puede limitar y encarecer la oferta).
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