Uso eficiente de las fuerzas policiales

La evolución de la seguridad pública en las últimas décadas ha tenido patrones que se pueden analizar para tomar mejores decisiones a futuro y ser más eficientes en el uso de nuestros recursos. Al aumentar la oleada de violencia entre los años 2006 y 2012, los recursos del Estado destinados a seguridad pública fueron abrumados por el crecimiento en la violencia y la criminalidad. A partir de esa fecha se empezó a invertir más en el sector y a integrar de forma más coordinada a las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo. Desde entonces se ha visto un progreso gradual, más marcado en los últimos años, hasta alcanzar en 2025 una tasa de homicidios que ronda ligeramente por encima de los 20 por cada 100,000 habitantes. 

Este recorrido histórico nos enseña que el uso de la fuerza pública no puede medirse únicamente por el número de efectivos desplegados o por la magnitud del presupuesto asignado, sino por la forma en que estos recursos se emplean. El concepto de “uso inteligente” implica planificar con base en evidencia, priorizar la prevención por encima de la reacción y asignar a los cuerpos policiales en los lugares y momentos donde tienen mayor impacto. Un enfoque de inteligencia y análisis de datos permite anticipar patrones de violencia, actuar de manera focalizada y optimizar la presencia policial para disuadir al crimen. 

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El microcrédito y las penalidades de la pobreza

La pobreza tiene una fuerza gravitacional importante. Podemos observar en muchos casos de la vida real cómo la falta de acceso a la información financiera, prejuicios de parte de los operadores, desafíos producto de las capacidades o conocimientos educativos de las personas, y otros conspiran para evitarle a las personas el acceso a los medios formales, tanto para obtener financiamiento como para el ahorro. 

Los efectos de estas dificultades son doblemente perniciosos. Una persona con menor nivel educativo y menos conocimiento y contacto de cómo operan las cosas tendrá que pagar mucho más por su financiamiento, siendo obligado a recurrir a mecanismos informales que alguien que sí cumpla con estas condiciones. Es decir, la desventaja inicial de tener menos recursos es magnificada por una severa desigualdad de acceso a las oportunidades. Esto hace difícil la movilidad y el crecimiento, perpetuando las penalidades sociales y económicas asociadas con la precariedad. 

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Los Fideicomisos Públicos Abiertos

En Honduras, han existido bastantes desafíos para poder crear fondos específicos destinados a la realización de actividades de inversión u otras que, por su naturaleza, requieren mayor agilidad que la que permite la caja única estatal. Las malas experiencias acumuladas, cuyas secuelas aún persisten —como en los fideicomisos de vivienda, la tasa de seguridad y otros—, han provocado que tanto la población como el propio gobierno se muestren renuentes a emprender nuevas iniciativas fuera de la caja única central. 

Sin embargo, será necesario retomar la agilidad en áreas específicas como los proyectos de infraestructura, las compras estatales de medicamentos y otras actividades clave. Para ello, se deben construir mecanismos transparentes, eficientes y bajo control público que permitan ejecutar estas funciones con mayor efectividad. A esta propuesta la denominamos fideicomisos públicos abiertos. Este modelo reúne dos condiciones fundamentales: en primer lugar, debe estar ubicado dentro del marco de la banca estatal, y no de la banca privada. Si bien no todas las experiencias con fideicomisos privados se tradujeron en corrupción o ineficiencia, lo cierto es que existieron suficientes casos negativos como para que la opinión pública los perciba con desconfianza y los riesgos de repetir esos errores resulten inaceptables, al menos en el corto plazo. 

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Educación Financiera en Honduras: Una Responsabilidad Colectiva y el caso Koriun

En Honduras, uno de los problemas más significativos que enfrentan las personas al manejar su dinero es la falta de conocimiento sobre finanzas básicas. Esta carencia no solo conduce a ineficiencias en la administración de recursos personales —como el sobreendeudamiento, la ausencia de ahorros o las inversiones poco productivas—, sino que también limita la capacidad de inversión y el crecimiento económico del país. Cuando las familias no saben administrar de manera óptima sus recursos, se reduce la base de capital disponible para actividades productivas, lo que a su vez frena el desarrollo del mercado interno y disminuye la competitividad nacional. 

A menudo se asume que la educación financiera es responsabilidad exclusiva de cada individuo. Sin embargo, este reto es demasiado grande para dejarlo únicamente en manos de las personas. La alfabetización financiera es una herramienta esencial para que las familias puedan tomar decisiones responsables, y al mismo tiempo, un pilar para construir una economía más estable y sostenible. Por ello, es indispensable que distintos actores sociales y económicos se involucren de manera activa. 

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