Atrasos prevenibles en las carreteras
Jose S. Azcona Bocock
El tiempo es dinero y es tarea de autoridades responsables tratar de minimizarle las pérdidas de tiempo a las personas. Este tiempo puede ser utilizado para el esparcimiento, el descanso o la actividad productiva; pero esta es una decisión que corresponde únicamente a las personas. El Estado no debe, ni por designio ni por ineficiencia, apropiarse de este tiempo sin el consentimiento de los ciudadanos.
Debemos analizar todas las áreas de interacción entre el ciudadano y la autoridad, así como aquellas que son gestionadas directamente por el Estado, y compararlas con la forma en que estas transiciones ocurren en contextos normales entre particulares o con empresas privadas. Tomemos como ejemplo nuestras carreteras, donde se presentan dos tipos de atrasos perfectamente prevenibles: los pagos de peaje y los retenes policiales. Ambos casos ilustran cómo la gestión pública puede generar pérdidas de tiempo evitables, en contraste con los estándares de eficiencia que se observan en el sector privado.
En el caso de los peajes, el país debería migrar a un sistema de prepago digital que elimine las demoras innecesarias. Esto puede lograrse mediante una aplicación móvil con códigos QR, o mediante un sistema remoto instalado en los vehículos, similar a COMPASS y a otros modelos ya definidos por las mismas autoridades. Estos mecanismos, sin embargo, solo generan verdadera agilidad si se acompañan de carriles exclusivos para su uso, evitando mezclar el tránsito electrónico con el manual. El objetivo debe ser que, eventualmente, no se pueda circular por los peajes sin haber realizado el pago electrónico previamente, dejando únicamente una caseta auxiliar para casos excepcionales o de emergencia. Además, debe ampliarse la infraestructura de peaje mediante la instalación de más casetas, ya que el nivel de servicio vial no depende únicamente del estado físico de la carretera, sino también de la velocidad con la que los conductores pueden atravesar los puntos de cobro. Un sistema moderno debe permitir un flujo continuo y predecible, minimizando tiempos muertos y evitando cuellos de botella.
Los retenes policiales generan un efecto similar al de los peajes en cuanto a demoras innecesarias y pérdida de eficiencia vial. Estos puntos están ubicados de forma permanente en lugares específicos de las carreteras, por lo que no representan ningún elemento sorpresa para los conductores. De hecho, su localización suele estar marcada en las aplicaciones de navegación, lo que revela lo predecible de su presencia y limita su efectividad disuasoria.
El primer problema radica en el uso ineficiente de la fuerza policial. Se destinan enormes cantidades de recursos humanos y logísticos para mantener retenes que brindan únicamente una sensación de seguridad aparente, no real. En países más desarrollados, este sistema ha sido abandonado precisamente por ser un desperdicio de recursos públicos escasos, que podrían emplearse en patrullajes móviles, inteligencia preventiva o sistemas de control automatizado mucho más eficaces.
El segundo problema es el retraso que provocan en la circulación vehicular. Al aproximarse a un retén, los conductores deben reducir la velocidad, y si se están realizando inspecciones, el flujo se vuelve lento y discontinuo. Este problema se agrava porque los retenes suelen activarse en las horas de mayor tráfico, provocando embotellamientos severos y pérdidas de tiempo masivas para la población, justo en los momentos de mayor movilidad.
El tercer problema es la incomodidad que generan en la ciudadanía, especialmente entre extranjeros acostumbrados a estándares más altos de profesionalismo y seguridad. La cercanía forzada con autoridades armadas, las solicitudes de documentos sin motivo específico y la posibilidad de ser interrogado sin causa probable generan zozobra, incomodidad y desconfianza. Esto deteriora la relación entre ciudadanía y autoridad, y añade tensión a la circulación, con los efectos secundarios que esto conlleva.
Así como se ha analizado este caso, es necesario cuestionar sistemáticamente todas las áreas en las que la acción, o la inacción, del Estado genera atrasos, pérdidas de tiempo o desperdicios para la ciudadanía. Un Estado moderno debe ser un aliado de la población, facilitando su movilidad, productividad y bienestar, no un obstáculo burocrático ni una carga innecesaria. Convertir la gestión pública en un instrumento eficiente y respetuoso del tiempo ciudadano no es un lujo: es una obligación fundamental de toda autoridad responsable.