Valor nacional agregado en adquisiciones e inversiones publicas
Jose S. Azcona Bocock
Una de las formas más efectivas de fortalecer las capacidades nacionales de producción, administración y gestión en los países es a través de los procesos de adquisiciones públicas o de inversiones significativas en infraestructura. Estos procesos, cuando son diseñados de manera estratégica, no se limitan únicamente a resolver una necesidad inmediata del Estado, sino que se convierten en verdaderos motores del desarrollo nacional. La clave está en que las adquisiciones incluyan la obligatoriedad de integrar componentes de transformación local en los productos entregados o actividades de valor agregado realizadas dentro del territorio nacional. Este tipo de disposiciones no solo garantizan la participación de empresas locales, sino que generan aprendizaje, innovación y nuevas cadenas de suministro. Si bien en algunos casos estas medidas pueden involucrar a empresas del sector público, la práctica más común y efectiva es que se establezca la obligación de trabajar con contratistas o capacidades productivas basadas en Honduras, permitiendo que el beneficio económico y técnico permanezca dentro del país.
Aunque este principio aplica directamente a las compras del sector público, también resulta válido e importante para las empresas privadas. En un mundo cada vez más globalizado, el desarrollo de capacidades nacionales —ya sea de tipo industrial u operativo— puede fortalecerse de manera significativa cuando las adquisiciones a empresas extranjeras se realizan bajo criterios de generación de valor local. Una empresa que decide privilegiar proveedores nacionales, cuando es posible, no solo cumple con una responsabilidad social, sino que mejora la competitividad de su propio sector. El fortalecimiento de capacidades internas genera encadenamientos productivos que benefician a toda la economía y reducen la dependencia de actores externos, especialmente en momentos de crisis internacionales donde las cadenas de suministro globales pueden interrumpirse.
Un caso específico y bien documentado se encuentra en el ámbito de las compras de equipo militar. En la mayoría de los contratos internacionales de adquisición se incluyen mecanismos de transferencia de tecnología, mediante los cuales el proveedor está obligado a desarrollar una parte creciente de su producción utilizando insumos o procesos de transformación en el país cliente. Este modelo ha permitido que países en desarrollo construyan capacidades industriales y tecnológicas propias en áreas estratégicas. De forma similar, en el aprovisionamiento de vehículos u otros equipos, los contratos pueden establecer la obligación de implementar sistemas de mantenimiento y suministro con partes locales, o bien de realizar el ensamblaje final dentro del territorio nacional. Estos mecanismos no solo abaratan costos a futuro, sino que crean empleos de calidad, impulsan industrias complementarias y siembran las bases para que nuevas generaciones de profesionales adquieran conocimientos especializados.
Las licitaciones públicas internacionales, por tanto, no deben limitarse únicamente al componente de costo. Más allá de seleccionar la oferta más barata, es fundamental que incluyan, de la forma más específica posible, mandatos sobre las actividades que deben realizarse dentro del país como condición para la adjudicación. Si bien muchas de estas actividades, por su escala o complejidad, no pueden ser ejecutadas de inmediato por empresas nacionales, esto no debería ser un obstáculo. Al contrario, debe verse como una oportunidad para que los conocimientos y habilidades asociados a dichas tareas sean transferidos y asimilados por empresas hondureñas. Con ello, estas empresas podrán posteriormente desarrollar la capacidad de ofrecer esos servicios, no solo en el mercado local, sino también en el internacional, gracias a la experiencia adquirida en proyectos de gran envergadura.
Este principio también resulta aplicable a las empresas privadas. En el caso particular de la industria inmobiliaria, resulta evidente la utilidad de contar con mayores capacidades nacionales en materia de aprovisionamiento de materiales, tecnologías aplicables y otros insumos. Por esta razón, muchas empresas del sector ya han empezado a dar preferencia a proveedores locales siempre que es posible. No obstante, este esfuerzo debería trascender al ámbito gremial, de manera que, de forma voluntaria y con plena conciencia de la necesidad y el beneficio de fortalecer las capacidades locales, se establezcan mecanismos para favorecer la producción nacional. Cuando por motivos técnicos o financieros se recurra a contratistas o proveedores extranjeros, estos deberían comprometerse a generar la mayor cantidad posible de valor agregado dentro del país e incorporar talento hondureño en sus operaciones. Así se crea un círculo virtuoso en el que la inversión privada se convierte también en una palanca de desarrollo nacional.
En conclusión, la integración de criterios de valor agregado nacional en los procesos de adquisición, tanto públicos como privados, es una estrategia que trasciende lo económico y se convierte en una política de desarrollo sostenible. Fortalece la competitividad del país, promueve la transferencia de conocimientos, genera empleo y aprovecha el talento local. En un contexto global cada vez más competitivo, Honduras no puede limitarse a ser únicamente un receptor pasivo de bienes y servicios, sino que debe transformarse en un actor activo que aproveche cada adquisición como una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento institucional. Apostar por este modelo es apostar por la construcción de un país con mayores capacidades, con una economía más resiliente y con un futuro más sólido en el escenario internacional.